Trasbordo ideológico para criminalizar el disenso

ESCRIBE: Juan José Jerez. Abogado

Hoy la Convención Constitucional está discutiendo establecer un nuevo delito, el de negacionismo, que constituye una limitación al derecho de libertad de expresión, aunque para dulcificar la situación, se pretende -por ahora- acotar su aplicación única y exclusivamente a los convencionales, pues, no tiene atribución alguna para imponerlo al resto de los chilenos.

Se busca promover, una opinión negativa sobre el gobierno surgido el año 1973 en Chile; considerar legítimos los hechos producidos en la revuelta de octubre del año 2019, y rechazar todo acto pasado que se entienda como un atentado contra los pueblos originarios.
Disentir de tales puntos de vista, es decir, el pensar distinto sobre el ayer, será un desacato y conllevará la imposición de una pena.
Lo extraño es, que no se trasluce la consecuencia de lo anterior, en orden a examinar cuál sería la sanción a tal delito. Agréguese a ello, la inherente necesidad de establecer un encargado de imponer la pena al eventual futuro infractor.

En los hechos, se estaría estableciendo un derecho penal paralelo al actualmente existente, que no reconoce dicho tipo legal.
Por ende, el intento no se compadece con lo que prevé la Constitución en el inciso segundo y tercero del artículo 7º, en cuanto que: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. – Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.”

Se echa de ver, que se trata de un audaz y desembozado experimento, para abonar el nuevo contexto que tendrá a nivel constitucional la libertad de expresión entre los chilenos. Por ahora, solo reinará en una burbuja, la Convención Constituyente.

Es que acaso, tal propuesta no encierra el derecho de opinión que asiste a todo ser pensante ante la realidad, y coarta el natural disenso sobre los hechos que toda sociedad debe anidar en su desenvolvimiento cultural.

Cabe pensar, entonces, cómo podrán estudiar el pasado los historiadores, sin caer en falta.

Se postula la necesidad de la memoria, como si no bastasen los estudios históricos afianzados en técnicas científicas, existentes al alero de la amplia libertad de cátedra existente en Chile, reconocida internacionalmente.

En el fondo, se trata de un trasbordo de cuño ideológico que se pretende imponer sobre las ciencias sociales, análogo al que fuera impuesto sobre el arte y la ciencia en el mundo soviético, en un afán de pretendida objetividad y realismo.

Cómo entender, que lo anterior no violenta la libertad de pensamiento y el libre examen.

De qué modo evitar, en los días que resta por vivir a los chilenos, que tal forma de negacionismo punible no se transforme en una camisa de fuerza.

Es válido plantear: cómo afectará semejante acometida ideológica a la educación y al inviolable derecho a una forma de ver el mundo que cada uno tiene.

Si esto es el comienzo, ¿qué guion cabe esperar que tendrá en la vida de relación chilena?; ¿será objeto de nuevos embates correctivos la interpretación de nuestro pasado?, y de ser el caso, ¿cabrá la posibilidad de oponerse a aquellos que despunten en el futuro?

Si de tal modo de busca rehacer el pasado, ¿qué nos quedará de libertad para emprender el futuro?