En Chile, cada vez que suben los combustibles, no solo aumenta el precio de llenar el estanque. Sube el costo de la vida. Suben los alimentos, el transporte, los servicios. Pero, sobre todo, se instala una pregunta incómoda: ¿quién debe absorber el impacto de estos shocks externos?
La reciente alza no es solo una consecuencia inevitable del mercado internacional. Es, ante todo, una decisión política. Porque frente a un escenario adverso, el Estado tiene opciones: amortiguar el golpe o trasladarlo directamente a la ciudadanía. Y esta vez, el Gobierno optó por lo segundo.
Se ha intentado justificar esta decisión señalando restricciones fiscales. Sin embargo, ese argumento no resiste mayor análisis. Chile mantiene una posición relativamente sólida en comparación con economías de la OCDE y de América Latina, con niveles de endeudamiento por debajo de los promedios y con margen para actuar de manera contra cíclica en contextos excepcionales.
Más aún, el país dispone de instrumentos precisamente diseñados para enfrentar este tipo de situaciones. El Fondo de Estabilización Económica y Social no es un símbolo decorativo de responsabilidad fiscal; es una herramienta para usar cuando las condiciones externas golpean con fuerza la economía interna. No hacerlo, en un contexto como el actual, es renunciar a una de las principales fortalezas de la política económica chilena.
A esto se suma una contradicción evidente: mientras se argumenta falta de recursos para amortiguar el alza de los combustibles, se impulsan señales que apuntan a aliviar la carga tributaria de los sectores de mayores ingresos. La pregunta es inevitable: ¿no había alternativas más equitativas para distribuir este costo?
Porque de eso se trata finalmente. No estamos ante un problema técnico, sino ante una definición política sobre quién paga la cuenta. Y en este caso, el Gobierno ha decidido que sean las familias y las pequeñas y medianas empresas quienes absorban el impacto, afectando su bienestar y debilitando la reactivación económica.
La experiencia internacional demuestra que existen caminos distintos. Países como España enfrentaron alzas similares combinando subsidios focalizados, medidas temporales y una activa intervención del Estado para mitigar los efectos en la vida cotidiana de las personas.
Chile pudo hacer lo mismo. Pudo utilizar parte de sus ahorros, complementar con endeudamiento responsable y diseñar políticas focalizadas que protegieran a los más vulnerables sin comprometer la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
No hacerlo no es solo una omisión. Es una señal preocupante de desconexión con la realidad de millones de chilenos. Porque mientras el Estado se resguarda, las familias se endeudan, ajustan su consumo y ven deteriorarse su calidad de vida.
Cuando el Estado se baja del auto, alguien más tiene que tomar el volante. Y hoy, lamentablemente, esa carga está recayendo sobre los hombros de la ciudadanía.