El impuesto territorial, conocido como contribuciones, es mucho más que un cobro sobre bienes raíces: constituye el corazón financiero del sistema municipal. De lo recaudado, un 60% se transfiere al Fondo Común Municipal (FCM), que redistribuye recursos desde comunas con alta recaudación hacia aquellas con menor capacidad económica, y el 40% restante se destina al Aporte Fiscal Directo (AFD), que refuerza las arcas de cada municipio. En regiones como La Araucanía, este mecanismo asegura que municipios pequeños puedan sostener servicios básicos y proyectos comunitarios.
La propuesta del Gobierno de José Antonio Kast de eliminar el pago de contribuciones para todos los mayores de 65 años ha reabierto un debate que tensiona dos principios fundamentales: la justicia social y la sostenibilidad fiscal municipal. Por un lado, es innegable que muchos adultos mayores enfrentan pensiones insuficientes y avalúos crecientes que los ponen en riesgo de perder sus viviendas. Por otro, universalizar este beneficio implica un costo fiscal cercano a los US$200 millones anuales, con una compensación parcial al FCM que no logra cubrir el déficit que se generaría en las arcas municipales.
Especialistas han advertido sobre este dilema. El economista Andrés Hernando (UDP) ha señalado que el impuesto territorial debe mantenerse por su rol redistributivo, pero con ajustes que permitan diferir pagos para adultos mayores vulnerables. La abogada Claudia Meza Sagredo enfatiza que las contribuciones “no deben transformarse en un castigo por envejecer ni en una amenaza al derecho a la vivienda”, pero advierte que la solución debe ser focalizada y transparente. En tanto, Camilo Araya Morel recuerda que el diseño actual está desvinculado de la capacidad contributiva, lo que genera cargas desproporcionadas, aunque insiste en que el tributo es esencial para la equidad territorial.
El riesgo de la propuesta es claro: al beneficiar también a adultos mayores de altos ingresos, se genera una inequidad distributiva que debilita la progresividad del sistema y amenaza la autonomía financiera de las comunas más pobres. En Temuco, por ejemplo, gran parte de lo recaudado se transfiere al FCM para sostener municipios rurales como Ercilla o Traiguén. Si se reduce esa base, el impacto será inmediato en servicios sociales, infraestructura y programas comunitarios.
En definitiva, la discusión sobre las contribuciones no puede reducirse a la dicotomía de eliminarlas o mantenerlas. El verdadero desafío es reformar el sistema para compatibilizar justicia social con suficiencia recaudatoria, garantizando que los adultos mayores vulnerables reciban protección sin desfinanciar a las comunas que dependen de estos recursos. La propuesta de Kast, aunque bien intencionada, corre el riesgo de ser regresiva y de profundizar las desigualdades territoriales que La Araucanía conoce demasiado bien.
Chile necesita una discusión madura y técnica sobre el impuesto territorial. El sistema actual debe avanzar hacia mayor transparencia, focalización social, gradualidad y justicia. Como académico del área empresarial, estoy convencido de que debemos trabajar en un nuevo pacto tributario territorial que asegure los recursos indispensables para nuestros municipios, pero que al mismo tiempo respete el derecho de las familias a vivir sin el temor de perder su hogar por un tributo mal diseñado o desproporcionado.