Alejandro Urzúa – Analista económico UNAB y OpenBBK
Es importante entender que la discusión del plan de reconstrucción debe situarse más allá de la caricatura de un “premio a los ricos”. Lo que realmente está en juego es la necesidad de corregir el rumbo del crecimiento. Cuando la inversión se debilita, la economía pierde tracción: se desacelera la creación de empleo, cae la productividad y se reducen las oportunidades reales para las personas. En Chile, la formación bruta de capital fijo ha mostrado debilidad en la última década y el crecimiento potencial hoy se ubica en torno al 2%–2,5%, lejos del 4%–5% de años anteriores. Esa brecha no es técnica: implica menos empleo, menores salarios y menos movilidad social.
Esto se traduce en la vida cotidiana. Menos inversión significa proyectos que no se ejecutan, contratación que se posterga y salarios que avanzan con dificultad. A la vez, la productividad —clave para sostener mejoras reales en ingresos— se mantiene rezagada frente a economías más desarrolladas. En ese contexto, discutir mecanismos que incentiven la inversión no debiera leerse como un privilegio, sino como una condición necesaria para reactivar el ciclo económico.
Ahora bien, reconocer la importancia de la inversión no implica validar cualquier política. No todos los incentivos son efectivos ni todos tienen impactos positivos. El foco debe estar en el diseño: medidas focalizadas, evaluables y con objetivos claros en términos de empleo y productividad. Incentivar la inversión no es un fin en sí mismo, sino un medio para dinamizar la economía con efectos amplios.
En este marco, bajar los impuestos corporativos no es la bala de plata, se requiere más, pero es un buen camino. Primero, porque los impuestos no se quedan “encerrados” en las empresas: en la práctica, se traspasan. Parte de esa carga termina reflejándose en menores salarios, precios más altos o menor inversión. Es decir, sus efectos alcanzan a toda la sociedad. Segundo, porque Chile compite por inversión en un contexto global donde varios países han reducido sus tasas corporativas para atraer capital. Ignorar ese entorno competitivo implica quedar en desventaja relativa.
Sin embargo, este tipo de medidas no opera en el vacío. La inversión responde a un ecosistema más amplio: estabilidad regulatoria, certeza jurídica, tiempos de permisos razonables y coherencia en las políticas públicas. Si esas condiciones no están, una baja de impuestos por sí sola tendrá efectos limitados. El crecimiento no ocurre por decreto; requiere confianza y horizonte de largo plazo.
En economías abiertas como la chilena, esto es aún más evidente. El capital es móvil y busca destinos donde pueda desarrollarse con menor incertidumbre y mayor retorno ajustado por riesgo. Cuando esas condiciones no se cumplen, los flujos simplemente se redirigen. Y el costo no lo asumen solo las empresas: se traduce en menor crecimiento, menor empleo y menores ingresos fiscales.
El punto de fondo es que, sin crecimiento sostenido, las políticas públicas pierden efectividad. Se vuelve más difícil financiar derechos sociales, mejorar salarios o fortalecer servicios básicos como salud y educación. Cuando la economía crece poco, también lo hace la recaudación, y las restricciones fiscales se vuelven más evidentes.
Por eso, más que oponer crecimiento y equidad, el desafío es integrarlos. No hay redistribución sostenible sin creación de valor, pero tampoco basta con crecer: importa cómo se crece. Esto implica mejorar la productividad, fomentar la innovación, fortalecer la competencia y asegurar que los beneficios del crecimiento lleguen de manera más amplia.
En síntesis, el desafío como sociedad no es elegir entre favorecer a unos pocos o proteger a las mayorías. Es cómo generamos condiciones para que la economía vuelva a expandirse de manera consistente y sostenible en el tiempo. Y eso exige una mirada menos ideológica y más pragmática, donde la evidencia pese más que las consignas. Sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento, el desarrollo se vuelve difícil de sostener.